La paralización de las ventas de Sareb: un cambio de rumbo en la política de vivienda
En un giro inesperado en la gestión de los activos inmobiliarios, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que las ventas de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a fondos de inversión estadounidenses, como KKR y Blackstone, están «paralizadas». Esta decisión marca un cambio significativo en la política gubernamental hacia la gestión de la vivienda en España, que ha sido objeto de intensas críticas y demandas sociales.
Una historia de desposesión y cambio
La ministra Rodríguez comparó la situación actual con la de hace unos años, cuando se concedieron fondos públicos a los bancos mientras miles de ciudadanos perdían sus hogares. Esta reflexión nos invita a cuestionar cómo se han manejado los recursos públicos en el pasado y quiénes han sido los verdaderos beneficiarios de estas políticas. «Hemos pasado de unos señores que echaron a las personas a la calle para regalar fondos públicos a los bancos, a nosotros, que estamos parando esas ventas para entregarlas a Cataluña y al conjunto de España», afirmó la ministra, dejando claro que el enfoque del Gobierno está centrado en el bienestar de la ciudadanía.
El papel de KKR y Blackstone en la gestión de Sareb
Desde julio de 2022, el fondo KKR ha estado gestionando el 55% del patrimonio inmobiliario de Sareb destinado al mercado residencial a través de su filial, Hipoges. La senadora de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sara Bailac, ha cuestionado esta relación, sugiriendo que fondos como KKR, que tienen vínculos en operaciones inmobiliarias en territorios en conflicto, no deberían estar al mando de activos tan sensibles. Con la Sareb en la encrucijada de decidir si prorrogar o no contratos con estos fondos, el debate se intensifica. ¿Es este el momento de romper lazos con entidades que no parecen alinearse con el interés público?
La presión de la ciudadanía y las comunidades autónomas
A medida que la presión por un acceso más justo a la vivienda aumenta, la ministra ha enfatizado que el Gobierno ha decidido paralizar las ventas de Sareb. «Hoy están paralizadas las ventas, porque así lo hemos decidido en este Gobierno», aseguró Rodríguez, reflejando un compromiso renovado hacia la política de vivienda. Este enfoque ha permitido que el parque público de vivienda en España crezca del 2,5% al 3,4%, un avance que muchos consideran prometedor.
Demandas de cambio y gestión pública
Sin embargo, la senadora Bailac ha criticado la falta de acción concreta por parte del Gobierno, argumentando que mientras la ciudadanía clama por soluciones efectivas, se siguen haciendo anuncios sin resultados tangibles. La gestión de las viviendas de Sareb por parte de fondos buitre ha sido un punto de controversia, ya que millones de euros en activos permanecen bajo el control de entidades que, según sus críticos, priorizan el beneficio económico sobre el derecho a la vivienda. «Basta de palabras vacías y de grandes anuncios», reclamó Bailac, instando al Gobierno a actuar y a transferir la gestión de estos activos a las comunidades autónomas y entidades locales.
La situación actual plantea una serie de preguntas cruciales: ¿Cómo se equilibrará la necesidad de rentabilidad económica con el derecho a la vivienda? ¿Podrá el Gobierno español cumplir con las expectativas de la ciudadanía y garantizar el acceso a un hogar digno? Con el futuro de la política de vivienda en juego, la próxima decisión sobre los contratos de Sareb será un punto de inflexión que podría definir el rumbo de la gestión inmobiliaria en España.
