El debate sobre la política agraria en Andalucía
En Sevilla, el Pleno del Parlamento andaluz se prepara para una discusión crucial que podría cambiar el rumbo del sector agrícola y ganadero de la región. La Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular aborda una preocupación de gran calado: la necesidad de una rectificación en la política estatal respecto a la Política Agraria Común (PAC). El objetivo es claro: buscar medidas que compensen a los agroganaderos por las pérdidas que han experimentado durante la implementación del Plan Estratégico de la PAC.
Las deficiencias en la gestión gubernamental
Los representantes del Partido Popular no se andan con rodeos: critican abiertamente la gestión del Gobierno de España en el diseño de esta política comunitaria. Acusan al Ejecutivo de haber actuado de manera unilateral, sin abrir un canal de diálogo con el sector agrario andaluz ni con la administración autónoma. Esta falta de comunicación ha llevado a una situación alarmante: una merma económica anual que supera los 100 millones de euros para los agricultores y ganaderos de la región. ¿Cómo es posible que se ignore una crisis de tal magnitud?
La necesidad de un diálogo constructivo
Ante este panorama, el Partido Popular demanda que se inicie un proceso de revisión del actual Plan Estratégico Nacional de la PAC. Este paso, consideran, podría ser fundamental para mitigar las pérdidas de ingresos que han denunciado tanto la Junta de Andalucía como el propio sector. La propuesta no solo busca una revaluación de las políticas existentes, sino también un reconocimiento del esfuerzo que ha hecho la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para mantener un diálogo constante y constructivo con los agentes del sector agrario.
Las cifras que hablan por sí solas
El impacto económico de la actual PAC no es un asunto menor. Los datos revelan una caída notable en los fondos que recibe Andalucía, pasando de 1.440 millones de euros en 2022 a 1.332 millones en 2023. Esto se traduce en una pérdida acumulada de 500 millones de euros durante la aplicación de la reforma. Las organizaciones agrarias y cooperativas de la región no han dudado en calificar esta situación como una gran injusticia. ¿Cómo se puede permitir que el motor económico de Andalucía, que es el campo, sufra de esta manera?
La urgencia de flexibilizar la política agraria
El Grupo Popular sostiene que la actual política agraria no refleja la realidad de la agricultura y ganadería andaluza. La falta de consideración hacia las particularidades del sector ha llevado a una penalización injusta. Por ello, insisten en la necesidad de una mayor flexibilidad en la PAC, adaptando las normativas a las características productivas de Andalucía. ¿No sería sensato que las políticas públicas se diseñen teniendo en cuenta la realidad de los sectores que afectan?
El papel de la Junta de Andalucía
A pesar de las críticas al Gobierno central, es importante reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía y su Consejería de Agricultura. Estas instituciones han mantenido un proceso de diálogo constante con el sector agrario, tratando de canalizar las demandas y preocupaciones de agricultores y ganaderos. El pago anticipado de la PAC a 195.000 beneficiarios andaluces es solo una de las iniciativas que buscan aliviar la carga económica que enfrenta el sector. ¿No es este un ejemplo de cómo la colaboración puede marcar la diferencia?