Propuesta de Junts para impulsar la inclusión laboral en pymes
La inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, y ahora, Junts ha dado un paso significativo al registrar una reforma legislativa en el Congreso. ¿Qué implica esta propuesta? La formación independentista sugiere que la Administración General del Estado financie, de forma obligatoria, un servicio gratuito de asesoramiento para pymes, centrado en la creación de entornos inclusivos. Esta iniciativa busca facilitar que las pequeñas y medianas empresas cumplan con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, sin que esta carga recaiga en las comunidades autónomas.
Financiación a través de los presupuestos generales del estado
Junts plantea que la financiación de este servicio se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La idea es que este asesoramiento abarque aspectos cruciales como la atracción y selección inclusiva, ajustes razonables, accesibilidad digital y el uso de medidas de apoyo ya existentes a nivel autonómico. Pero, ¿cómo se asignará esta financiación a cada territorio? La propuesta establece que se deben utilizar criterios objetivos, considerando factores como la población, la cantidad de empresas obligadas por la cuota de reserva y la situación laboral de las personas con discapacidad en cada comunidad autónoma.
Cláusula de activación ante falta de financiación
Además de la enmienda inicial, Junts ha introducido una cláusula de activación que se activará si, después de seis meses de la entrada en vigor de la ley, no se ha aprobado la dotación presupuestaria necesaria. En este caso, las empresas con 50 o más trabajadores deberán diseñar, implementar y mantener un plan anual de formación en inclusión laboral y ajustes razonables. Este plan está pensado para asegurar que al menos el personal de Recursos Humanos y selección esté adecuadamente formado en contratación inclusiva y en la prevención de la discriminación por discapacidad. En esencia, se busca que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que también se conviertan en agentes activos de cambio social.