Gobierno eliminará ventajas fiscales a socimis de vivienda que no fomenten el alquiler asequible

El nuevo enfoque del gobierno español hacia las socimis

En un contexto de creciente preocupación por la vivienda asequible, el Gobierno de España ha decidido dar un giro significativo en su política fiscal respecto a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas como socimis. Estas entidades, que han sido clave en la reactivación del sector inmobiliario tras la crisis, ahora se enfrentan a cambios que buscan reconducir su modelo hacia un enfoque más social y accesible. ¿Qué implica esto para el mercado inmobiliario y para los inquilinos? Vamos a desglosarlo.

Ventajas fiscales y vivienda asequible

Una de las medidas más destacadas es la eliminación de las ventajas fiscales para aquellas socimis que no promuevan el alquiler asequible. El objetivo es claro: incrementar el parque público de inmuebles a precios accesibles. Al hacerlo, el Gobierno busca corregir lo que ha sido catalogado como una «perversión» del modelo original, que se creó con la intención de fomentar la construcción y no para generar beneficios desproporcionados. ¿Quién no querría vivir en un lugar donde el costo de la vivienda no ahoga sus finanzas?

Este enfoque no solo afecta a las grandes corporaciones, sino que también tiene un impacto directo en los pequeños propietarios. Se espera que esta medida promueva un ambiente más competitivo en el alquiler, ofreciendo a los inquilinos opciones más económicas y sostenibles.

Bonificaciones para pequeños propietarios

Además de las nuevas restricciones para las socimis, se ha propuesto extender bonificaciones fiscales a propietarios de viviendas en zonas no tensionadas. Esto significa que si un pequeño arrendador, que posee menos de diez inmuebles, decide reducir el precio del alquiler, puede beneficiarse de deducciones de hasta el 100% en el IRPF. En Madrid, esto podría traducirse en ahorros significativos, permitiendo a los propietarios aliviar la carga fiscal al tiempo que hacen su parte por un alquiler más asequible. ¿No es una situación ganadora para todos?

Nuevas restricciones para la compra de vivienda por extranjeros

En un intento por regular el mercado, el Gobierno también está considerando medidas que dificulten la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios. Se están evaluando opciones que incluyen la creación de un nuevo impuesto o el endurecimiento de uno existente. Esto responde a la necesidad de proteger el acceso a la vivienda para los españoles, en un momento en que la construcción de nuevos inmuebles está en pleno auge. Con una cifra aproximada de 25,000 a 30,000 compras de extranjeros al año, la preocupación es válida.

Blindaje de la vivienda pública

En un esfuerzo por garantizar que la vivienda protegida permanezca siempre en manos del Estado, el Gobierno ha señalado que los recursos públicos estarán condicionados a este compromiso. Esto significa que, aunque las viviendas pueden ser vendidas, deberán seguir cumpliendo con las condiciones originales de protección. Un enfoque que busca asegurar que la vivienda pública no sea simplemente un bien en el mercado inmobiliario, sino un recurso para quienes más lo necesitan.

Aval para jóvenes: un paso hacia la inclusión

Una de las iniciativas más esperadas es el modelo de aval para jóvenes, inspirado en el sistema francés. Este mecanismo busca facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que, por diversas razones, enfrentan barreras económicas. Al actuar como avalista, el Gobierno busca garantizar que los jóvenes tengan una oportunidad real de acceder a un hogar, rompiendo así el ciclo de exclusión que muchos enfrentan hoy en día. ¿Quién no querría que sus hijos tuvieran un lugar al que llamar hogar?

Traspaso de viviendas del Sareb y su impacto

Por otro lado, se prevé un traspaso significativo de viviendas del Sareb, con casi 30,000 unidades destinadas a una nueva empresa pública de vivienda. Este movimiento, que se realizará en varias fases, tiene como objetivo no solo diversificar la oferta de vivienda pública, sino también garantizar su mantenimiento y accesibilidad a largo plazo. Con la promesa de que aproximadamente 13,000 viviendas ya están en marcha, el Gobierno muestra su compromiso con una política de vivienda más inclusiva y responsable.

Así, entre las diversas medidas anunciadas, algunas requieren la aprobación del Congreso, mientras que otras podrán implementarse de inmediato. La dirección que ha tomado el Gobierno español destaca una clara intención de priorizar el acceso a la vivienda, un derecho fundamental que, en la actualidad, se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar para muchos ciudadanos. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la política habitacional española? Solo el tiempo lo dirá.

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