El debate sobre los permisos climáticos retribuidos en España
Recientemente, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha abierto un interesante debate sobre los llamados ‘permisos climáticos’ retribuidos. En un mundo donde el cambio climático y las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes, surge la pregunta: ¿debería el Estado asumir la responsabilidad de estos permisos? Garamendi ha dejado claro que no está en contra de esta medida, pero sostiene que lo lógico sería que el Estado se hiciera cargo de los costos asociados.
La importancia del diálogo social
En su intervención, Garamendi enfatizó la necesidad de un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados. Aseguró que «hablar entre todos» es esencial para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. ¿Acaso no tiene sentido que las decisiones se tomen de manera aislada, sin considerar el impacto que tienen en el conjunto de la sociedad? Por tanto, es fundamental establecer un espacio de discusión donde se puedan abordar todos los aspectos de esta problemática de manera conjunta, y no solo a través de soluciones improvisadas por parte del gobierno.
Infraestructuras y prevención de riesgos
Uno de los puntos más destacados por Garamendi es la necesidad de mejorar las infraestructuras y el mantenimiento de los cauces fluviales y montes. Después de eventos climáticos severos como la DANA, es evidente que la falta de preparación puede tener consecuencias devastadoras. Al igual que un barco necesita un buen casco para navegar, nuestra sociedad requiere infraestructuras robustas para enfrentar los embates de la naturaleza. Si el Estado no asume el mantenimiento de estas estructuras, ¿quién lo hará?
Un enfoque crítico hacia los permisos retribuidos
Garamendi también ha manifestado su preocupación por cómo se están planteando estos permisos. Comparar la situación actual con la pandemia de covid-19 resulta, en su opinión, inadecuado. Durante la crisis sanitaria, muchos negocios permanecieron cerrados, pero en el caso de las catástrofes naturales, la realidad es diferente. Los pequeños empresarios y comerciantes enfrentan retos únicos, que no pueden ser ignorados en la búsqueda de soluciones. ¿Cómo podemos pedir a estos empresarios que paguen la ‘cena’ de la prevención de riesgos laborales, cuando ya están lidiando con tantas dificultades?
El papel del Estado en la gestión de crisis
El planteamiento de Garamendi es claro: si el Estado se encarga del mantenimiento de infraestructuras y la prevención de riesgos, debería también asumir la responsabilidad de los permisos. La lógica detrás de esta afirmación es contundente. Si se espera que los trabajadores tengan acceso a permisos retribuidos en situaciones de crisis, entonces el Estado debe ser el que soporte esos costos, no los empleadores. Esta reflexión nos lleva a pensar en cómo se estructuran las políticas laborales en relación con la protección social.
La realidad es que, a medida que el clima continúa cambiando y las catástrofes se vuelven más comunes, es imperativo que todos los sectores de la sociedad colaboren para encontrar un camino que no solo proteja a los trabajadores, sino que también garantice la estabilidad de las empresas y la economía en general.
