El nuevo real decreto y su impacto en el sector turístico
La llegada del Real Decreto 933/2021 está generando una tormenta en el sector turístico español. A partir del próximo 2 de diciembre, esta normativa entrará en vigor después de haber sido prorrogada en tres ocasiones. Pero, ¿qué significa realmente este decreto para las agencias de viaje, los hoteleros y, en última instancia, para los turistas? La respuesta no es tan sencilla y está llena de matices.
Incompatibilidades y críticas del sector
Desde el sector turístico, las quejas no han tardado en llegar. Un punto central de la controversia es la posible incompatibilidad del real decreto con las normativas europeas. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha calificado esta normativa como «inaceptable», argumentando que podría crear una «inseguridad jurídica» que afectaría a la operativa diaria de las empresas. Y no son solo las agencias las que se sienten amenazadas; los hoteleros también han alzado la voz, señalando que la carga administrativa adicional es desproporcionada, especialmente para las pymes, que constituyen el 95% del sector.
Un laberinto de burocracia
El nuevo reglamento propone un registro de viajeros que, según los críticos, complicará los trámites para los turistas. Este efecto no solo se siente en el ámbito internacional, sino también en los desplazamientos internos. Los ciudadanos españoles que decidan alojarse en hoteles podrían enfrentarse a un mar de burocracia que comprometería su experiencia. ¿Realmente queremos que los viajeros se sientan atrapados en un laberinto de papeles y formularios? La respuesta parece ser un rotundo no.
Acciones legales en el horizonte
La preocupación es tan grande que el sector está considerando emprender acciones legales. Los hoteleros, junto con asociaciones como Acave, UNAV y Fetave, están analizando sus opciones para impugnar la normativa. La intención es clara: defender no solo sus derechos como empresarios, sino también proteger a los viajeros de un entorno regulatorio que consideran injusto. El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha subrayado la necesidad de diálogo, pero ante la falta de respuestas del gobierno, se ven obligados a explorar vías legales. ¿Es este el camino que realmente queremos tomar? ¿Una batalla judicial en lugar de un diálogo constructivo?
La falta de comunicación con el gobierno
Otro punto de fricción es la supuesta falta de comunicación entre el Ministerio del Interior y el sector turístico. La CEAV ha denunciado que se ha enterado de los planteamientos ministeriales a través de terceros, y no a través de un diálogo directo. Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos construir un marco regulatorio efectivo si no hay una comunicación clara entre las partes involucradas? La sensación de «ninguneo» por parte de los representantes del gobierno solo añade leña al fuego de la frustración sectorial.
La orden ministerial y sus dudas
Por si fuera poco, la llegada de una orden ministerial que prometía aclarar algunos puntos ha sido recibida con escepticismo. Las agencias de viaje consideran «altamente improbable» que esta orden excluya la obligación de comunicar datos tan sensibles como la información de tarjetas de crédito de los turistas. La CEAV ha exigido que se reduzcan los datos a aportar y que se reconozcan las particularidades del sector. La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente estamos preparados para aceptar un marco que no considera las necesidades del sector turístico?
