El Partido Popular solicita comparecencias sobre el nuevo decreto turístico
Recientemente, el Partido Popular ha elevado la voz en el escenario político español, pidiendo la comparecencia de dos ministros clave: Fernando Grande-Marlaska, del Interior, y Jordi Hereu, de Industria y Turismo. Este llamado surge en respuesta al Real Decreto 933/2021, que estableció un nuevo registro documental de reservas en hoteles y agencias, vigente desde el 2 de diciembre. ¿Qué está en juego aquí y por qué esta normativa ha generado tanta controversia?
Las preocupaciones del sector turístico
La iniciativa del PP no es solo un mero formalismo; refleja una profunda inquietud en el tejido empresarial español, especialmente entre pymes y autónomos vinculados al sector turístico. ¿Qué es lo que ha llevado a esta sensación de incertidumbre? La normativa ha suscitado un clima de «enorme inquietud y falta de previsibilidad empresarial». En este contexto, el Partido Popular exige respuestas claras sobre la estrategia del Ministerio del Interior y su disposición para dialogar con las empresas afectadas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿se están considerando medidas correctivas de forma proactiva?
Implicaciones del nuevo registro
Además, los populares están particularmente interesados en conocer cómo esta nueva regulación puede impactar la operatividad del sector turístico. La competitividad y la reputación del turismo español a nivel global están en la cuerda floja. La comparecencia del ministro Hereu es crucial para entender los planes de contingencia que se están contemplando para aliviar el impacto negativo de esta normativa. Con las cifras de la plataforma Ses.Hospedajes, que ha registrado más de 1.3 millones de comunicaciones de datos en solo una semana, la magnitud del desafío se hace evidente.
La voz de la Agencia Española de Protección de Datos
El Partido Popular también ha solicitado la comparecencia de Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta inclusión no es casual; el cumplimiento del Real Decreto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad de los viajeros y el manejo de datos personales. La crítica se centra en que esta normativa podría ser una «grave amenaza» para la intimidad de los consumidores. ¿Cómo se pueden equilibrar las necesidades de seguridad con los derechos individuales de los ciudadanos?
Reacciones del sector empresarial
El eco de las críticas ha resonado en todo el sector. Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, ha calificado la normativa de «desastrosa». Por su parte, Carlos Garrido, presidente de la patronal CEAV, ha denunciado que la operativa es «de imposible cumplimiento» y ha alertado sobre fallos en la plataforma. Estas afirmaciones plantean un interrogante: ¿es realmente viable una regulación que no se puede implementar?
Por el otro lado, el Gobierno ha defendido la normativa, argumentando que ha permitido identificar a 18,000 personas con antecedentes y ha facilitado la seguridad ciudadana. Fernando Grande-Marlaska, en su intervención en el Congreso, aseguró que esta regulación beneficia a todos y no vulnera la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, el contraste entre las opiniones de los empresarios y la postura del Gobierno plantea un escenario complejo que requiere atención y reflexión.