El nuevo impuesto mínimo global: ¿una solución necesaria?
En medio de un clima político marcado por la polarización, el debate sobre la implementación de un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales ha cobrado una relevancia inusitada. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la importancia de este proyecto en el Congreso, subrayando que el Gobierno está “desviviéndose” por alcanzar acuerdos, a diferencia de lo que, según ella, hace el Partido Popular, que se dedica más a “discutir para destruir”.
La defensa de una política fiscal responsable
Montero ha respondido a las críticas formuladas por la senadora del PP, Alicia García, quien acusó al Gobierno de “secuestro” de la Comisión de Hacienda. La ministra argumentó que la estrategia del PP se basa en el ruido y la deslegitimación, mientras que el Ejecutivo busca diálogo y acuerdos. En este punto, se presenta una pregunta crucial: ¿qué tipo de política fiscal necesitamos en España para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos?
La ministra también destacó que España se encuentra entre 3 y 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a ingresos fiscales respecto al PIB. Este es un dato que no se puede pasar por alto, ya que implica que hay un margen de mejora significativo que podría permitir al país acceder a los fondos europeos necesarios para afrontar retos como la recuperación económica o la atención a catástrofes.
La necesidad de aumentar los ingresos fiscales
Montero enfatizó que no se puede pedir a Europa más de 140.000 millones de euros en ayudas sin ejercer la capacidad fiscal que tiene el Estado. Este argumento plantea una reflexión interesante: ¿es posible sostener un sistema de bienestar robusto sin un adecuado nivel de ingresos fiscales? La respuesta parece ser un rotundo no. Sin recursos suficientes, cualquier intento de garantizar igualdad de oportunidades y seguridad social se convierte en un ejercicio de malabarismo complicado.
Además, la ministra criticó la postura del PP al calificar su discurso como “la política del sálvese quien pueda”, lo que sugiere que, ante situaciones difíciles, es necesario un enfoque colectivo y solidario para enfrentar los desafíos. En este contexto, la capacidad de destinar recursos para atender emergencias, como la reciente catástrofe en Valencia, se convierte en un indicador clave de la salud fiscal de un país.
