Ayudas Directas al Sector Pesquero Canario
En un esfuerzo por mitigar el impacto económico derivado de la agresión militar de Rusia a Ucrania, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias ha decidido implementar una serie de subvenciones directas al sector de la pesca y la acuicultura. Esta medida, que se traduce en una inyección económica de 1.997.548,56 euros, está destinada a apoyar a los operadores y armadores afectados por el aumento de los costos de insumos esenciales, como combustibles y piensos.
Desglose de las Ayudas Económicas
Las ayudas se dividen en dos categorías principales: 788.950 euros están destinados a los operadores de acuicultura, mientras que 1.208.598,56 euros se asignan a las personas propietarias o armadores de buques. Esta estructura de financiamiento refleja la intención del Gobierno regional de proporcionar un soporte efectivo y específico a los sectores más vulnerables dentro de la industria pesquera.
El consejero del área, Narvay Quintero, ha subrayado que estas ayudas son de carácter excepcional y se financiarán exclusivamente con recursos propios del Gobierno de Canarias. Se espera que estas medidas compensen las pérdidas económicas sufridas durante un periodo crítico, que abarca desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio de 2024.
Contexto Económico y Retos del Sector Pesquero
El conflicto que comenzó en febrero de 2022 ha desencadenado una serie de sanciones y contramedidas que han repercutido negativamente en el sector pesquero. El aumento en los precios de los cereales y semillas oleaginosas, fundamentales para la elaboración de piensos en acuicultura, ha puesto a los operadores en una situación complicada. Por esta razón, la ayuda del Gobierno canario se convierte en un salvavidas para muchos.
Un grupo de siete operadores de acuicultura en Canarias, como Acuipalma SL y Aquanaria SL, podrán beneficiarse de hasta 100.000 euros por cada 1.000 toneladas de producción, con un límite máximo de 335.000 euros. Esta medida busca no solo aliviar la carga económica, sino también garantizar la continuidad de un sector que resulta vital para la economía local y la sostenibilidad alimentaria de la región.