Asfixia regulatoria, aumento de costes y deterioro del diálogo social según Cepyme y CEOE

La crítica de Garamendi sobre la falta de presupuestos del estado

En la reciente Asamblea General de Cepyme, celebrada en Madrid, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, no se contuvo al hablar de la situación económica del país. Su reproche a la gestión del gobierno fue claro: «La primera empresa del Estado, que es el Estado, no tiene un presupuesto desde hace tres años». Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los presupuestos para cualquier organización, grande o pequeña. ¿Cómo puede una empresa operar sin una hoja de ruta que guíe sus decisiones financieras?

Garamendi enfatizó que, en cualquier sector, un directivo que no presente presupuestos sería rápidamente cuestionado. Esta falta de dirección se traduce en incertidumbre, lo que afecta tanto a empresarios como a trabajadores. Sin una «guía clara», como él mismo lo señaló, es complicado para las empresas españolas adaptarse a un entorno macroeconómico en constante cambio.

El escenario dual de la economía española y la asfixia regulatoria

En el mismo evento, Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, se unió al diagnóstico de Garamendi, denunciando la «asfixia regulatoria» que enfrentan las microempresas en el país. La realidad es preocupante: desde la pandemia, más de 25.000 microempresas han desaparecido. Imagina un pequeño panadero en un pueblo que, cada día, debe lidiar con más de 3.000 normativas. Sin recursos para cumplir con estas exigencias, ¿cómo puede sobrevivir?

La sobrecarga regulatoria se convierte en una pesada losa que puede aplastar a estas pequeñas empresas. De Miguel subrayó que la burocracia que enfrentan es totalmente desproporcionada, comparándola con la que deben cumplir las grandes corporaciones multinacionales. ¿No es hora de que se implemente un enfoque más sensato que considere las realidades de las pequeñas empresas?

Las consecuencias del aumento de costes laborales

Ambos líderes también abordaron el tema de la presión fiscal y los costes laborales, que han experimentado un notable incremento en los últimos años. Según De Miguel, la presión fiscal que soportan las empresas en España se sitúa en el 12,3%, un porcentaje que supera la media de la Unión Europea. En un contexto donde un empleado puede recibir 1.200 euros netos mensuales, los empresarios se ven obligados a asumir un coste real de 1.900 euros. ¿No es esta una carga excesiva que desincentiva la contratación?

Garamendi también advirtió sobre las nuevas regulaciones en torno a las indemnizaciones por despido, que han comenzado a sembrar el «miedo a contratar» entre las pequeñas empresas. ¿Cómo se espera que los empresarios inviertan en nuevos empleos si sienten que están caminando sobre un terreno inestable?

El absentismo laboral como un problema estructural

Otro tema que no pasó desapercibido fue el absentismo laboral, que Garamendi calificó como «el gran drama que enfrentan las empresas en España». Con alrededor de 1,2 millones de personas faltando al trabajo cada día, se genera un coste global de 33.000 millones de euros. Este problema no solo afecta a las empresas, sino que repercute en la economía en su conjunto. ¿Qué medidas se están tomando para abordar esta cuestión que parece estar fuera de control?

La falta de relevo generacional en las pymes también fue un punto crítico destacado por De Miguel. Con un 50% de las pymes dirigidas por personas de más de 50 años, se enfrenta a un futuro incierto. Es fundamental impulsar la formación dual y fomentar el emprendimiento entre las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de estas empresas vitales para la economía española.

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