El debate sobre la ingeniería pública en España
En el corazón del sector de la ingeniería en España, se ha desatado una tormenta que promete agitar las aguas de la contratación pública. La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, conocida como Tecniberia, junto con la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES), han expresado su firme oposición a la reciente decisión del Gobierno de Canarias. Esta decisión implica que las comunidades autónomas participen en el capital y en la gestión de Ineco, una empresa pública de ingeniería.
Las preocupaciones de los ingenieros privados
Las patronales del sector han denunciado un uso abusivo de Ineco por parte de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque creen que esto representa un incumplimiento de la legislación vigente. La adjudicación de contratos sin un concurso público no solo plantea dudas sobre la transparencia, sino que también socava la libre competencia. En un mercado donde la competitividad es clave, la posibilidad de que una empresa pública como Ineco se convierta en el «favorito» del gobierno genera inquietud entre las ingenierías privadas, que dependen de un entorno justo para prosperar.
Una situación que podría empeorar
Las asociaciones advierten que la situación podría agravarse si otras comunidades autónomas siguen el ejemplo de Canarias. La entrada de gobiernos regionales en el capital de Ineco transformaría esta ingeniería pública en un medio propio, lo que podría dar lugar a una mayor concentración de poder y recursos en manos de la administración pública. Esto no solo limitaría las oportunidades para las empresas privadas, sino que también podría crear barreras al desarrollo del sector, drenando un volumen considerable de trabajo de las ingenierías privadas.
El contexto legal de Ineco
Ineco está diseñada para funcionar como un medio propio de las administraciones públicas, tal como establece la legislación española. Sin embargo, esta excepcionalidad se aplica en circunstancias específicas: razones de seguridad nacional, situaciones de urgencia y casos donde no existen proveedores alternativos en el sector privado. Fuera de estos escenarios, la contratación de empresas públicas plantea serias preocupaciones, ya que podría limitar el crecimiento y la rentabilidad de las ingenierías privadas.
El cambio en la estructura de Ineco
Recientemente, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó la suscripción de una acción de Ineco, permitiendo que la comunidad autónoma se convierta en accionista de esta empresa. Con un valor nominal de 125,01 euros, esta acción tiene un costo de adquisición de 1.450,27 euros. El objetivo es claro: utilizar Ineco como un medio para avanzar en proyectos ferroviarios en Gran Canaria y Tenerife. Aunque la intención puede ser mejorar la infraestructura, el impacto en el sector privado es motivo de preocupación.
La respuesta del sector privado
Frente a este panorama, Tecniberia y CÍES han ofrecido al Gobierno de Canarias que las empresas asociadas elaboren los proyectos ferroviarios previstos. Esta propuesta busca garantizar que las ingenierías privadas tengan un papel activo en el desarrollo de infraestructuras, en lugar de ser relegadas a un segundo plano frente a una empresa pública. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para fomentar la innovación y la competencia, lo que a su vez beneficia a la economía en su conjunto.