La necesidad de una nueva legislación agraria
En el vertiginoso mundo de la agricultura, la adaptación a los cambios es crucial. La Unión de Uniones de Agricultores ha hecho un llamado para actualizar la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, vigente desde 1995. En un contexto donde la agricultura enfrenta nuevos desafíos, es evidente que el marco normativo debe evolucionar. ¿No sería más lógico adaptar lo existente que crear algo completamente nuevo?
Propuesta de la Ley de Agricultura Profesional y del Joven Agricultor
Ante la propuesta del Ministerio de Agricultura de una nueva Ley de Agricultura Familiar, la Unión de Uniones sugiere un enfoque más directo y específico: transformar esta ley en una Ley de Agricultura Profesional y del Joven Agricultor. Este cambio de nombre no es solo una cuestión semántica; refleja un enfoque más claro sobre a quiénes realmente va dirigido el apoyo y la regulación.
Objetivos fundamentales de la nueva legislación
La futura ley debe centrarse en objetivos claros. Facilitar el relevo generacional es uno de ellos. Si queremos un sector agrario dinámico, debemos garantizar que los jóvenes encuentren caminos accesibles para integrarse en él. Además, es esencial poner al agricultor profesional en el centro de las políticas agrarias. ¿Acaso no es el agricultor quien trabaja la tierra y produce los alimentos que todos consumimos?
Desafíos actuales del sector agrario
Hoy en día, los agricultores y ganaderos no solo luchan contra las inclemencias del tiempo, sino que también se enfrentan a una competencia global feroz y a la entrada de fondos de inversión en el sector. Estos desafíos no existían en 1995, y es fundamental que la ley refleje esta realidad. La regulación existente necesita ser desempolvada y adaptada a un escenario donde la ética y la sostenibilidad son cada vez más relevantes.
La importancia de movilizar recursos
La propuesta de la Unión de Uniones no se limita a cambiar un nombre; implica dotar a la ley de recursos presupuestarios. Sin una inversión adecuada, cualquier legislación quedará en papel mojado. ¿De qué sirve tener normas si no se cuenta con los medios para llevarlas a cabo? La clave está en movilizar el mercado de la tierra y facilitar el acceso al crédito, asegurando así que las nuevas generaciones puedan materializar sus proyectos agrícolas.