Propuesta de Endesa e Iberdrola para extender la vida útil de las nucleares
Recientemente, Endesa e Iberdrola han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta que ha generado un gran revuelo en el ámbito energético: la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esta iniciativa, calificándola como una mera declaración de intenciones que no se ajusta a las tres líneas rojas establecidas para cualquier tramitación formal. Estas líneas son claras y concisas: seguridad para las personas, garantía de suministro y control de costos para los ciudadanos.
El contenido de la propuesta y sus implicaciones
La propuesta presentada por las eléctricas sugiere una revisión del calendario nuclear, manteniendo la fecha de cierre definitiva en 2035, pero con un aumento en los plazos intermedios. Esto significa que se plantea una ampliación del funcionamiento de la central de Almaraz, que está programada para cerrar en 2027 y 2028, hasta 2030. Esta extensión podría tener un impacto significativo en la tasa Enresa, ya que al dividir los costos de gestión de residuos y desmantelamiento entre más años de producción, se podría reducir dicha tasa en un 18%. Una oferta que, a primera vista, parece atractiva, pero que también plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad y la viabilidad económica a largo plazo.
La posición de Naturgy y EDP
A pesar de que Endesa e Iberdrola están al frente de esta propuesta, es crucial mencionar que Naturgy y EDP no han firmado este acuerdo. Esto añade un matiz interesante al debate, ya que estas dos compañías también formaron parte del protocolo de cierre de 2019, que preveía la clausura del parque nuclear español entre 2027 y 2035. La falta de unanimidad en este asunto podría complicar aún más la situación, ya que, en ciertas instalaciones como Almaraz, se requiere el consentimiento de todos los partícipes para tomar decisiones significativas.
Los criterios del Gobierno para considerar la prórroga
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, han dejado claro que cualquier prórroga de la actividad nuclear más allá de 2035 debe cumplir con tres criterios fundamentales. Primero, debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. Segundo, debe ser económicamente viable y no representar un costo adicional para el contribuyente. Y, finalmente, debe asegurar la continuidad del suministro eléctrico. Estas condiciones son esenciales para cualquier discusión sobre la energía nuclear en España, y el hecho de que se hayan establecido como líneas rojas indica la seriedad con la que el Gobierno aborda este tema.
La situación fiscal de las centrales nucleares
Un aspecto que ha generado un considerable debate es la fiscalidad que recae sobre las centrales nucleares en España. Un estudio reciente ha revelado que nuestro país es el único en Europa que impone impuestos adicionales a la operación de estas instalaciones, lo que podría estar desincentivando su uso prolongado. Contribuciones como el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos suman una carga adicional que, según los expertos, no se encuentra en otros países con programas nucleares consolidados. Este contexto fiscal debe ser parte de la conversación si se desea abordar la extensión de la vida útil de las centrales, ya que podría influir en su viabilidad económica.