Las empresas “analógicas” deben cumplir la Protección de Datos (RGPD)
Luego de que entrara en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aún hay muchas empresas españolas que al parecer no tienen idea de cómo van a adaptarse a los nuevos lineamientos establecidos en el reglamento o si éstos son aplicables a su caso. Esto representa un verdadero problema que se debe atacar pronto, puesto que la nueva normativa es clara y de cumplimiento obligatorio desde su entrada en vigencia (25 de mayo de 2018).
Empresas con datos en papel, deben cumplir con RGPD
Cabe destacar que aún las empresas que actualmente no están informatizadas y guardan sus registros en papel, deben cumplir con la obligación de dar aplicación al reglamento.
Puede parecer poco probable, pero la cantidad de empresas que a la fecha no cuentan con una automatización de datos es grande, mucho más de lo que se puede llegar a pensar. Tanto autónomos como empresas pequeñas y medianas, guardan aun los datos de sus clientes y usuarios en agendas o en papel, archivados en carpetas y desconocen qué deben hacer para cumplir con esta nueva normativa.
El problema comienza cuando no saben que aun teniendo la información en papel, deben dar cabal cumplimiento a la nueva normativa sobre la protección de datos. Son muchos los dueños de pequeñas empresas los que asumen que por ser precisamente, pequeños, esta normativa no les aplica, y la verdad es que todos tienen la obligación de adaptarse; o para efectos del cumplimiento de la ley, deben haberse adaptado ya antes de la entrada en vigencia del RGPD.
Cambio de paradigma en el manejo de información
Esta normativa supone para las empresas, un cambio de paradigma y por ende, es necesario que la persona o departamento encargada del manejo de los datos, sea una persona proactiva que genere soluciones y procure la adaptación de su empresa a este requerimiento legal, que tiene dos años de haber entrado en vigencia en Bruselas.
Es importante destacar que el incumplimiento de esta normativa acarrea sanciones de entre 10 y 20 millones de euros, dependiendo de los aspectos no cumplidos según lo que establece el RGPD.
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