La consulta pública del ministerio: ¿un paso en falso?
Recientemente, el bufete de abogados Statera Legal ha alzado la voz contra una consulta pública llevada a cabo por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esta consulta, relacionada con la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de BBVA sobre Sabadell, ha suscitado un intenso debate sobre la competencia y la legitimidad del proceso. ¿Realmente está el ministerio actuando dentro de su ámbito de actuación, o ha cruzado una línea?
El contexto de la OPA de BBVA y Sabadell
Para entender la controversia, es fundamental conocer qué implica una OPA. En términos simples, una OPA es la oferta que un grupo o empresa realiza para adquirir otra, en este caso, BBVA pretende hacerse con Sabadell. Según la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de esta operación corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que ya aprobó la OPA en una fase inicial. Pero, ¿por qué el ministerio decidió abrir una consulta pública en este contexto? Aquí es donde surge la polémica.
Las inquietudes de Statera Legal
El despacho de abogados Statera Legal argumenta que las preguntas formuladas en la consulta pública van más allá de lo que el ministerio puede analizar. Según su perspectiva, hay una «ausencia de competencia material» del ministerio para abordar el tema, lo que se traduce en una posible infracción del artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Cómo es posible que un organismo decida preguntar a la ciudadanía sobre algo que no está en su jurisdicción?
¿Es la consulta pública realmente necesaria?
La consulta pública se llevó a cabo entre el 6 y el 16 de mayo, mientras que el ministerio contaba con un plazo para decidir hasta el 27 del mismo mes. Statera Legal sostiene que esta consulta es irrelevante y no influye en la operación de adquisición. Imaginemos una reunión donde todos hablan, pero en realidad nadie tiene el poder de tomar decisiones. ¿No sería frustrante? La firma legal ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, argumentando que este procedimiento es «contrario» al principio de igualdad y no discriminación.
El impacto de la decisión del ministerio
El hecho de que el ministerio haya decidido elevar el análisis de la OPA al Consejo de Ministros genera aún más incertidumbre. Este paso podría tener consecuencias significativas, no solo para BBVA y Sabadell, sino también para el sistema financiero en su conjunto. La pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente el ministerio tiene la autoridad para imponer restricciones adicionales a una operación que ya ha sido aprobada por la CNMC?
La petición de medidas cautelares
En medio de todo este revuelo, Statera Legal ha solicitado medidas cautelares para impedir que la consulta pública sea utilizada en la toma de decisiones. Este movimiento busca evitar que el Gobierno actúe antes de que se resuelva la controversia. Es como querer poner un freno a un tren que avanza rápidamente, intentando redirigir su rumbo antes de que sea demasiado tarde.