El nuevo registro de viajeros: una carga para el sector turístico
Desde su entrada en vigor el 2 de diciembre, el Real Decreto 933/2021 ha generado un gran revuelo en el ámbito turístico español. Este decreto establece obligaciones de registro que afectan tanto a las empresas de hospedaje como a los alquileres de vehículos, y ha sido criticado por el Partido Popular, que lo califica de «Gran Hermano Turístico». Pero, ¿qué implica realmente esta normativa para el sector y para los viajeros?
Inseguridad jurídica y desventajas competitivas
El Partido Popular ha alzado la voz contra lo que consideran una «fuerte inseguridad jurídica». Esto se debe a que la normativa impone una carga administrativa considerable, obligando a las empresas a recopilar y gestionar una gran cantidad de datos personales de los viajeros. Imagina tener que manejar una montaña de información antes incluso de que un cliente se aloje en tu establecimiento; es como intentar llevar una maleta llena de ladrillos en un viaje de vacaciones. Además, la ley crea una desventaja competitiva frente a otros países europeos, donde no se imponen requisitos tan estrictos para el registro de viajeros.
Impacto en la privacidad de los turistas
Uno de los aspectos más polémicos de esta normativa es la invasión a la privacidad que puede suponer. La recolección masiva de datos, que incluye información sobre la relación de parentesco entre viajeros, es vista como una violación del derecho a la intimidad. ¿Realmente necesitamos saber quién es primo de quién en un grupo de turistas? Esta recopilación de información se siente como una intromisión, y no es solo un problema para los turistas internacionales, sino también para los españoles que viajan dentro del país. La experiencia de hospedarse debería ser placentera, no un proceso engorroso lleno de burocracia.
La tecnología no acompaña
La infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con estas obligaciones también ha sido objeto de críticas. Según denuncian los operadores del sector, la plataforma diseñada para gestionar estos datos, conocida como Ses.Hospedajes, no está en condiciones de operar efectivamente. Es como si te dieran un mapa viejo y roto para navegar en un mar de datos: difícil, si no imposible, de seguir. Esto no solo complica la situación para las empresas, sino que también afecta la experiencia del usuario final.
Un llamado a la revisión legislativa
Ante esta situación, el Partido Popular ha tomado la iniciativa de presentar mociones en varios plenos para exigir la derogación de esta ley. Su objetivo es trabajar de manera consensuada con el sector turístico para crear una legislación que no solo respete los derechos de los viajeros, sino que también garantice la competitividad del turismo español en el ámbito internacional. La idea es que la regulación no sea una carga, sino una herramienta que ayude a mejorar el sector, manteniendo el equilibrio entre seguridad y privacidad.