Debate en el congreso: el futuro del transporte público interurbano
Esta semana se alza el telón en el Congreso de los Diputados, donde se debatirá una iniciativa del Partido Popular que busca reivindicar un nuevo mapa concesional para los servicios de transporte público interurbano por carretera. La situación actual es, cuando menos, preocupante, ya que en 2022 el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, propuso un plan que eliminaría más de 9.300 paradas de autobús en 1.417 municipios. ¿Te imaginas lo que eso significaría para millones de ciudadanos? La propuesta, que reduciría en un 47,2% las rutas actuales, dejaría a más de 3,2 millones de personas sin acceso a un servicio de transporte estatal adecuado.
El impacto en la España rural
Los criterios establecidos por el Ministerio parecen estar más enfocados en la eficiencia económica que en la equidad social. La propuesta de 2022 priorizaba las conexiones directas y los grandes flujos de pasajeros entre capitales de provincia. Sin embargo, esto ignora las necesidades de muchas áreas rurales, donde la dispersión poblacional es la norma y no la excepción. ¿Qué pasa con aquellos que viven en zonas alejadas? No se puede dejar a la gente atrás solo porque no se ajusten a un modelo que busca la maximización de beneficios.
La postura del Partido Popular
Ante esta situación, el Grupo Popular ha exigido la retirada del borrador actual y la creación de una nueva propuesta que sea elaborada en conjunto con las comunidades autónomas. Esta colaboración es clave, porque cada territorio tiene sus propias particularidades que deben ser consideradas. No se trata solo de ofrecer un servicio, sino de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a un transporte público digno y eficiente.
Financiación y responsabilidades
Además, el Partido Popular ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer un marco de financiación que sea «estable y permanente». Esto es esencial para que las comunidades autónomas puedan cubrir los costos de los servicios de transporte que el Estado decide suprimir. ¿Por qué debería ser responsabilidad de las autonomías asumir el peso de una decisión centralizada que las afecta directamente? Es un tema que requiere un debate profundo y sincero.
Comparecencia del ministro de transportes
En este contexto, no es de extrañar que la figura de Óscar Puente esté en el centro de la polémica. Esta semana, el ministro comparecerá en el Congreso a petición de ERC y Bildu para dar cuentas sobre la creciente crisis ferroviaria en Cataluña. No es la primera vez que Puente se enfrenta a este tipo de cuestionamientos, y sus propios aliados han pedido su reprobación en múltiples ocasiones. Esto revela un clima de descontento que podría tener repercusiones en el futuro del transporte en España.
La necesidad de un cambio
La situación del transporte público en España es un reflejo de un sistema que a menudo deja de lado las necesidades de la población menos favorecida. La propuesta del PP busca un enfoque más inclusivo, que no solo se centre en el tráfico de pasajeros más rentables, sino que también considere las realidades de las comunidades rurales. Al final del día, el transporte público no es solo una cuestión de movilidad; es un derecho fundamental que debemos proteger y promover.