El gobierno español ha sido objeto de críticas por parte de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) debido a la exclusión de numerosos agricultores de ayudas necesarias tras los daños causados por la dana en Valencia. La controversia gira en torno a requisitos burocráticos que han dejado a muchos damnificados sin acceso a la compensación que tanto necesitan.
Los daños causados por la dana y la respuesta del gobierno
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece un procedimiento que, aunque busca ayudar a los afectados, ha suscitado una serie de problemas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dictado que los ayuntamientos de Valencia deben recopilar información sobre los daños sufridos por los agricultores y ganaderos, pero esto no ha resultado ser tan sencillo como parece.
El real decreto-ley 9/2024, aprobado el pasado 23 de octubre, amplía el ámbito de aplicación de las medidas agrarias a los municipios colindantes que han sufrido daños significativos. Sin embargo, la implementación de este proceso ha dejado fuera a cientos de productores que, a pesar de haber sufrido pérdidas, no cumplen con un «mero trámite burocrático».
Las críticas de AVA-Asaja
AVA-Asaja ha alzado la voz ante esta situación, denunciando que los nuevos requisitos del gobierno son una traba que impide que muchos agricultores accedan a las ayudas. Aquellos que no estaban inscritos en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) a fecha del 28 de octubre se ven excluidos, independientemente de su situación legal como productores.
Victor Manuel Alabau, un agricultor afectado, ejemplifica esta frustración. A pesar de cumplir con todas las obligaciones fiscales y administrativas, su falta de inscripción en un registro específico lo deja sin acceso a las ayudas. Esta situación se refleja en un problema más amplio: la dificultad que enfrentan muchos agricultores para acceder a apoyos que deberían ser automáticos en situaciones de crisis.
Las ayudas directas y las limitaciones impuestas
Las ayudas directas de 5.000 euros destinadas a autónomos son otro punto de controversia. Según AVA-Asaja, más del 80% de los agricultores afectados no podrán beneficiarse de estas ayudas debido a que no estaban inscritos en el censo requerido. Esta situación es especialmente preocupante para aquellos que trabajan a tiempo parcial o son jubilados no autónomos, quienes representan una gran parte del sector agrario en Valencia.
Es evidente que el gobierno ha creado un laberinto burocrático que solo complica la recuperación de los afectados. Las restricciones adicionales, que excluyen a aquellos que no pueden justificar ingresos de campañas anteriores, dejan fuera a productores que recién comienzan o que han heredado tierras sin historial productivo. La promesa de ayudas se diluye entre la letra pequeña.
El futuro del sector agrario en Valencia
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha subrayado la necesidad de eliminar estas barreras burocráticas. Él y otros representantes del sector piden una mayor colaboración entre administraciones para asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. La urgencia de recuperar la normalidad tras la dana es un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
Además, Aguado ha resaltado la importancia de construir infraestructuras hidráulicas adecuadas para minimizar el impacto de futuras crisis climáticas. La falta de inversión en este ámbito podría dejar a muchos agricultores en una situación precaria, no solo ahora, sino en el futuro.