Cabify y su batalla por las licencias en Madrid
En el dinámico mundo del transporte, la compañía Cabify ha estado en el ojo del huracán tras recibir la confirmación de la Comunidad de Madrid sobre la concesión de 8.500 licencias de VTC. Este movimiento es el resultado de un largo proceso judicial que ha durado casi una década. ¿Qué implica esta decisión y por qué tiene tanto peso en el ecosistema de movilidad de la capital española?
Las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha establecido que Cabify debe activar todas estas licencias de manera inmediata. Sin embargo, hay una traba: la empresa debe demostrar que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar con ellas. Esta condición ha generado malestar en Cabify, que argumenta que va en contra de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el cual ya había dictaminado que las licencias debían ser entregadas sin condiciones adicionales. ¿Es justo que se impongan requisitos que pueden ser considerados innecesarios? Esta es una pregunta que muchos se hacen.
Según la compañía, esta imposición no solo es una «desviación de poder» sino que también podría resultar en un alto costo para los ciudadanos. La administración tendría que realizar un análisis exhaustivo de la flota de vehículos que cada licencia requiere, un proceso que, según Cabify, ya fue revisado en su momento. ¿Realmente es necesario duplicar esfuerzos en una situación que ya tiene un camino claro?
Impacto en el sector de la movilidad
La puesta en marcha de todas estas licencias de forma repentina podría tener repercusiones significativas en el sector. Cabify sugiere que la introducción masiva de vehículos podría saturar el mercado, generando una competencia desleal y afectando a otras empresas de transporte. La propuesta de la compañía es implementar las licencias de manera progresiva, permitiendo así una adaptación más orgánica al mercado. ¿No sería más sensato permitir una transición gradual en lugar de un cambio drástico?
Un recorrido judicial lleno de obstáculos
El camino hacia la obtención de estas licencias no ha sido fácil. Cabify inició su solicitud en abril de 2018, justo antes de que se impusieran nuevas regulaciones que limitaban la relación de licencias de VTC a una por cada 30 taxis. A pesar de que la justicia ha respaldado repetidamente a Cabify, el marco legal ha seguido evolucionando, complicando aún más la situación. En junio de 2023, se aprobó una ley que otorga a las comunidades autónomas la potestad de restringir licencias bajo criterios medioambientales y de gestión de tráfico, lo que ha añadido más incertidumbre al proceso.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha defendido su posición, argumentando que lo único que hace es ejecutar la sentencia judicial. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente se está actuando en beneficio de los ciudadanos y del mercado, o se está perpetuando un conflicto innecesario?
