El Congreso adjudica contratos de luz y gas por 2,2 millones al año

MADRID, 18 – El Congreso de los Diputados ha dado un paso importante en la gestión de sus recursos energéticos al adjudicar nuevos contratos para el suministro de energía eléctrica y gas natural. Este movimiento, que implica un gasto total de 2,26 millones de euros, refleja un enfoque más eficiente en la administración de los recursos públicos.

Adjudicación de contratos: un cambio significativo

Recientemente, se han adjudicado contratos a las filiales de los grupos Visalia y Ham, marcando un cambio en la forma en que el Congreso gestiona sus suministros energéticos. Este concurso, lanzado en octubre del año pasado, abarcaba tres lotes y ha resultado en la selección de las ofertas más competitivas. Este enfoque no solo se traduce en una mejor administración, sino que también ha permitido una notable reducción en la factura energética, ahorrando 1,4 millones de euros en comparación con los contratos anteriores.

Detalles de los contratos adjudicados

La filial de Visalia, Syder Comercializadora, ha sido elegida para manejar el suministro de energía eléctrica tanto en alta como en baja tensión. En términos económicos, el contrato de alta tensión se ha cerrado por poco más de dos millones de euros, mientras que el de baja tensión se ha adjudicado por un importe de 17.717 euros. Por otro lado, el contrato de gas natural ha recaído en Liquid Natural Gaz, una filial de Ham, con un valor de 224.046,53 euros. Esto marca una transición importante, ya que anteriormente, los contratos de gas estaban en manos de Totalenergies y el de baja tensión con Blubat Pulsar.

La importancia de la competitividad en el sector energético

La decisión del Congreso de optar por las ofertas más baratas resalta la importancia de la competitividad en el sector energético. Al final del día, cada euro cuenta, y en un contexto donde los recursos son limitados, es vital que las instituciones públicas busquen siempre maximizar su eficiencia. Este tipo de decisiones no solo benefician al Gobierno, sino que también pueden servir de ejemplo para otras entidades que buscan optimizar sus gastos. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere ahorrar dinero sin sacrificar calidad?

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