Los riesgos de fragmentar la agencia tributaria en Cataluña
En un mundo donde la eficiencia y la transparencia son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema, la propuesta de crear una agencia tributaria independiente en Cataluña plantea serias interrogantes. ¿Es realmente beneficioso fragmentar la actual Agencia Tributaria Estatal (AEAT) para establecer un nuevo organismo que gestione la recaudación de impuestos en esta comunidad autónoma? La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado una alerta sobre los posibles costos de esta decisión.
Impacto en la lucha contra el fraude fiscal
Uno de los principales argumentos en contra de la creación de una agencia tributaria catalana es la pérdida de eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. Al establecer un organismo independiente, se corre el riesgo de crear un sistema menos coordinado, lo que dificultaría el acceso a información crucial para identificar y combatir la evasión fiscal. ¿Te imaginas un escenario en el que los inspectores de hacienda no puedan acceder fácilmente a los datos fiscales de los contribuyentes? Eso podría abrir la puerta a un aumento en la elusión de impuestos.
La experiencia de comunidades con regímenes forales, como el País Vasco o Navarra, ya ha mostrado que la falta de coordinación con la AEAT puede generar problemas significativos. Si los sistemas no están integrados, el control sobre las actividades económicas se debilita, lo que a su vez provoca un incremento en la complejidad burocrática. ¿Realmente queremos un sistema que complica más de lo que facilita?
Recaudación menos eficiente
Además de la lucha contra el fraude, la creación de una nueva agencia podría llevar a una recaudación menos eficiente. Imagina que cada comunidad autónoma tenga su propia forma de gestionar los impuestos. Esto no solo generaría confusión entre los contribuyentes, sino que también dificultaría la implementación de estrategias que permitan una recaudación más efectiva. La AEAT tiene a su disposición herramientas y competencias que, si se fragmentan, se perderían en el proceso.
Por ejemplo, en los procedimientos de apremio, las administraciones territoriales tendrían limitaciones para actuar sobre bienes situados fuera de su territorio. Esto no solo afectaría a las empresas con domicilio fiscal en Cataluña, sino también a las multinacionales que operan en el territorio español. ¿Acaso no parece un retroceso en la gestión tributaria?
¿Un paso atrás en el sistema tributario?
Alberto García Valera, autor del análisis de Fedea, advierte que esta fragmentación podría ser un «paso atrás» para el sistema tributario español. En lugar de buscar una mayor integración, como se promueve en organismos internacionales como la OCDE o la UE, se estaría optando por una política que podría resultar en un caos administrativo. La autonomía de un nuevo organismo podría limitar el acceso a información necesaria para ofrecer servicios básicos, como la asistencia a los contribuyentes o la generación de borradores de declaración.
Con esta fragmentación, los ciudadanos y las empresas no solo perderían en claridad y eficiencia, sino que también se verían privados de las mejores prácticas que podrían derivarse de una administración tributaria unificada. La idea de que los contribuyentes ganarían con esta independencia es, en última instancia, un mito que necesita ser desmantelado.
