La crisis sanitaria en Muface: un llamado urgente a la acción
En un giro preocupante de los acontecimientos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado su denuncia ante el Defensor del Pueblo, señalando que las clínicas están suspendiendo y retrasando citas médicas para los afiliados a Muface. Esta situación se ha desencadenado tras la primera licitación del concierto sanitario, la cual quedó desierta. ¿Por qué? Porque las aseguradoras no se presentaron, argumentando que la subida de la prima propuesta por el Gobierno no era suficiente para cubrir sus costos. Este escenario pone en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias, lo que nos lleva a cuestionar: ¿qué está sucediendo realmente con la atención médica en nuestro país?
Reacciones del sindicato y la necesidad de soluciones inmediatas
El secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, ha expresado su firme postura: «No vamos a permitir recortes en la atención sanitaria». La indignación es palpable, y no es para menos. Se están reportando incluso retrasos en intervenciones quirúrgicas de gravedad, con situaciones donde se les pide a los funcionarios que sufraguen sus tratamientos si desean ser atendidos. ¿Es esto lo que merecen quienes dedican su vida al servicio público? La respuesta es un rotundo no.
El convenio actual de Muface vence el 31 de diciembre de este año, y Lama ha calificado la responsabilidad de las aseguradoras como «irresponsabilidad pura». En este contexto, CSIF ha facilitado modelos de reclamación para que todos los afectados puedan expresar su descontento. La situación es tan crítica que se han programado protestas, incluida una concentración frente a la Dirección General de Muface, donde se espera que miles de funcionarios se unan. La voz colectiva es poderosa, y es momento de que se escuche con claridad.
El dilema de la licitación y las aseguradoras
La reciente licitación para el periodo 2025-2026 no ha hecho más que aumentar la tensión. Las aseguradoras que anteriormente ofrecían servicios a Muface (Adeslas, Asisa y DKV) decidieron no participar, alegando que la subida del 17,12% en las primas no cubría sus expectativas, que rondaban el 40%. Ante esta situación, el Gobierno abrió un periodo de consulta para que las aseguradoras definieran a qué precio estarían dispuestas a prestar el servicio. Sin embargo, el hecho de que la primera licitación haya quedado desierta plantea serias dudas sobre el futuro de la atención médica para los funcionarios y sus familias.
DKV ha propuesto una subida de la prima del 40,6%, mientras que Asisa ha optado por no comentar su postura al respecto. Por otro lado, Adeslas ha estado informando a sus mutualistas que no se presentaría al nuevo concierto, asegurando que brindará atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025. La incertidumbre es palpable, y la falta de claridad por parte de las aseguradoras solo aumenta la ansiedad entre los funcionarios que dependen de este servicio.
La urgencia de un nuevo concierto y el papel del Gobierno
Francisco Lama ha enfatizado la necesidad de una licitación expresa para un nuevo concierto que ofrezca una solución inmediata. La realidad es que la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses por razones de interés público. Sin embargo, ¿es suficiente esta prórroga para garantizar la atención sanitaria que merecen los funcionarios? La respuesta sigue siendo incierta.
Desde CSIF, se han realizado gestiones para solicitar una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López, pero hasta ahora no se ha concretado. La falta de respuesta por parte del Gobierno genera desconfianza y frustración en un colectivo que exige ser escuchado y atendido. La situación es insostenible, y es momento de que todos los actores implicados se comprometan a encontrar una solución que garantice la atención sanitaria adecuada a quienes dedican sus vidas al servicio público.