La ley de movilidad sostenible y su impacto en las pymes españolas
Recientemente, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ha generado un torrente de reacciones en diversos sectores, y uno de los más preocupados es el de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en el ámbito de las estaciones de servicio. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha manifestado su inquietud por cómo esta nueva normativa podría perpetuar ineficiencias en el proceso de transición energética, afectando directamente a un sector que representa el 70% de las gasolineras en nuestro país.
Obligatoriedad vs. flexibilidad en la instalación de puntos de recarga
La ley en cuestión mantiene el criterio de obligatoriedad para la instalación de puntos de recarga en función de las ventas conjuntas de gasolina y gasóleo. Este enfoque, que ya estaba presente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021, ha sido criticado por la CEEES. Argumentan que esta obligación impone la instalación de puntos de recarga en lugares donde la demanda real es escasa, como algunas estaciones urbanas o especializadas en transporte pesado. ¿No sería más sensato adaptar la infraestructura a la demanda real del mercado?
En lugar de seguir con este enfoque rígido, la confederación propone un modelo más flexible que se alinee con el reglamento europeo AFIR. Este cambio permitiría una planificación más racional y eficiente de la red de recarga, evitando así inversiones que no serían rentables para las pymes. ¿Por qué forzar a las empresas a hacer inversiones ruinosas cuando podrían optar por un modelo más adecuado a sus necesidades y capacidades?
La vulneración de la libertad empresarial
El argumento de que la ley vulnera la libertad de empresa es uno de los más contundentes presentados por la CEEES. La imposición de la instalación de puntos de recarga se traduce en gastos que muchas pymes no pueden permitirse, especialmente aquellas que no cuentan con la demanda suficiente para amortizar estas instalaciones. Además, el régimen sancionador establecido, que parece estar diseñado más para grandes corporaciones que para pequeñas empresas, podría llevar a muchas de ellas a la ruina. ¿Es justo que las pymes, que son el motor de nuestra economía, se vean ahogadas por regulaciones que no consideran su realidad?
Problemas de acceso a la red eléctrica
Otro punto crítico que ha resaltado la CEEES es el problema real y persistente del acceso a la red eléctrica. Muchos asociados han estado esperando más de dos años para que se energicen cargadores ya instalados. Esta situación no solo refleja una disfunción en la planificación y ejecución de la infraestructura de recarga, sino que también pone de manifiesto la falta de coordinación entre diferentes administraciones. ¿Cómo se puede avanzar en la transición energética si las bases para ello no están bien establecidas?
Falta de coordinación administrativa
La falta de coordinación entre administraciones es un fenómeno que ha llevado a un incumplimiento sistemático de la Ley 7/2021, que exige la instalación de puntos de recarga en todas las estaciones nuevas. CEEES ha denunciado que se siguen abriendo nuevas instalaciones que no cumplen con esta normativa sin que las administraciones pertinentes tomen cartas en el asunto. En medio de este caos, la confederación ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de la legalidad y ha buscado ofrecer soluciones energéticas diversificadas a sus asociados, incluyendo electricidad, hidrógeno y combustibles renovables. Pero, ¿es suficiente este compromiso para superar las barreras que enfrentan las pymes en el sector energético?