El Gobierno Solicita Prórroga ante la Comisión Europea
Recientemente, el Gobierno español ha dado un paso importante al pedir a la Comisión Europea una prórroga para enviar la información requerida en relación a un expediente de infracción. Este expediente fue abierto en julio, en el marco de las preocupaciones sobre los poderes discrecionales que varias normativas en la legislación española otorgan al Ejecutivo. En concreto, estas normativas pueden influir en operaciones significativas como la OPA de BBVA a Sabadell.
Detalles de la Solicitud de Prórroga
Según fuentes del Ministerio de Economía, el Gobierno ha solicitado tiempo adicional para responder al requerimiento, y se espera una respuesta por parte de la Comisión en los próximos días. El plazo máximo para esta prórroga es de aproximadamente seis semanas. Esta solicitud llega en un momento crucial, ya que el plazo original para responder estaba por vencerse esta semana, lo que ha generado una cierta presión en el Ejecutivo.
Dudas de la Comisión Europea
Las inquietudes planteadas por el Ejecutivo comunitario abarcan varios aspectos. Desde la necesidad de un cambio profundo en la transposición de dos leyes europeas, hasta la cuestión de si la intervención del Gobierno en la operación se justifica realmente por un interés general. La Comisión tiene una visión crítica respecto a que, en asuntos bancarios, no se debería elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros.
Aunque todo este proceso puede sonar complicado, hay que subrayar que no afectará directamente a la operación de BBVA sobre el Sabadell. La preocupación principal de Bruselas radica en cómo la legislación española se alinea (o no) con el Derecho de la Unión Europea.
Antecedentes Normativos
Ya en julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se mostró dispuesto a colaborar y aclarar «cualquier diferencia jurídica o técnica» que pudiera existir. Para el Ministerio, la normativa que Bruselas cuestiona ha estado en vigor durante varios años y se ha aplicado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la ley de Defensa de la Competencia se aprobó en 2007, mientras que la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito data de 2014.
Este contexto normativo es crucial para entender las posturas enfrentadas que se están desarrollando entre el Gobierno español y la Comisión Europea. ¿Se logrará un entendimiento que permita avanzar en esta compleja situación? Solo el tiempo lo dirá.